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Las organizaciones firmantes de este comunicado se pronuncian ante los hechos acaecidos el pasado 1 de mayo de 2021, que conllevaron a la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y del Fiscal General de la República por parte de la nueva legislatura de la Asamblea Legislativa. A ello se suma la crítica situación sanitaria ocasionada por el Covid-19, los severos efectos económicos y sociales de la misma y el acuerdo en ciernes entre el Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que demandan cambios en el rumbo de la política pública para avanzar hacia una sociedad más justa y democrática.

Este comunicado menciona que el equipo Ad Hoc para el estudio y propuestas de reformas a la Constitución de la República, creado a iniciativa del presidente de El Salvador, invitó a distintas organizaciones de sociedad civil a una presentación del proyecto para reformar casi toda la Constitución. Es válido actualizar la Constitución en debida forma, pero este proceso, y bajo el actual contexto, no otorga condiciones de legitimidad democrática. Asimismo, menciona el comunicado, que las organizaciones están abiertas a participar y aportar en los proyectos de desarrollo y bienestar del país; pero, mientras no se generen condiciones democráticas, existe el riesgo de que dicha participación sea usada solo para dar una apariencia de legitimidad. Por ello anotan que no participarán: ¡así no!

En este comunicado se menciona que las instituciones del Estado están siendo manipuladas para callar las voces que exigen el cese de los atropellos a la Constitución y al orden democrático; por lo que las organizaciones firmantes exigen a la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General y al gobierno de El Salvador que respeten la libertad de expresión y se abstengan de toda acción que busque intimidar a la sociedad civil y al periodismo independiente; por lo mismo, hacen un llamado a la comunidad internacional, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones sociales enviaron carta al director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en la cual señalan, entre otros, que desde el pasado 1 de mayo de 2021 en El Salvador se ha acelerado el deterioro del orden constitucional, la separación de poderes y el respeto a los principios democráticos y republicanos; por lo cual anotan que, de lograr un acuerdo del FMI con el país, se reviertan antes las decisiones que han afectado la institucionalidad democrática = Social organizations sent a letter to the director of the IMF's Western Hemisphere Department, in which they point out, among others, that since May 1, 2021, El Salvador has accelerated the deterioration of the constitutional order, the separation of powers and respect for democratic and republican principles; For this reason, they note that, if the IMF reaches an agreement with the country, the decisions that have affected democratic institutions will be reversed beforehand.

Ante el hecho de violencia en el que ayer miembros del partido salvadoreño FMLN fueron asesinados y otros heridos de bala, las organizaciones de la sociedad civil firmantes de este comunicado, lamentan la irracional pérdida de vidas, condenan enérgicamente este y todos los hechos de violencia política, denuncian la intolerancia y violencia electoral, entre otros. Asimismo, mencionan que hay que defender la democracia contra todas sus amenazas.

Las organizaciones de la sociedad civil suscriptoras de esta carta, agradecen el enorme interés del gobierno de Estados Unidos por acompañar a la sociedad salvadoreña a encontrar una salida legítima a la actual crisis constitucional y política. Indican que están convencidos de que esta crisis no hará sino agravar las causas que históricamente han provocado la migración hacia dicho país e imposibilitará la creación de mejores condiciones de vida para todos los salvadoreños. A través de cinco numerales plantean propuestas para impulsar una agenda mínima de solución.

Las organizaciones firmantes se manifiestan y hacen urgente llamado al gobierno de El Salvador, a los partidos políticos, al presidente Bukele y a la ciudadanía salvadoreña, ante las publicación de la denominada lista Engel por parte del gobierno de los estados Unidos, la cual contiene un primer listado de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras "que deliberadamente se han involucrado en: acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas; significativa corrupción; o en la obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción".

Las organizaciones firmantes rechazan enérgicamente las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República de El Salvador, aprobada el 31 de agosto del presente año por la Asamblea Legislativa de manera atropellada, inconsulta, opaca e ilegítima. Estas reformas terminan de anular la independencia del Órgano Judicial, luego del desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional el pasado 1 de mayo. Ante este nuevo ataque las organizaciones se manifiestan en este comunicado.

Las organizaciones de la sociedad civil nacionales y regionales firmantes de este comunicado, se dirigen a la comunidad internacional para hacer de su conocimiento el rompimiento de los compromisos que el presidente de la República adquirió con las organizaciones de la sociedad civil, el pasado 30 de julio, en reunión convocada en Casa Presidencial, por lo que instan a la comunidad internacional a velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos por el presidente y monitorear de cerca las acciones realizadas por el Estado contra la sociedad civil y el periodismo en El Salvador.

En este pronunciamiento, organizaciones que realizan programas sociales, brindando asistencia humanitaria, acompañamiento y cooperación para la defensa de los derechos humanos, promoción de la democracia y el desarrollo de El Salvador, manifiestan su preocupación por la propuesta de ley de Agentes Extranjeros presentada por el Órgano Ejecutivo, enfatizando la afectación para miles de salvadoreños que viven en situaciones de vulnerabilidad y que se benefician de la sociedad civil organizada; asimismo, hacen un llamado al diálogo democrático como mecanismo para la toma de decisiones que afectan a la población.

Con el objetivo de aportar a la lucha contra la corrupción en El Salvador, organizaciones de la sociedad civil presentaron a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Especial para la Facilitación del Mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

En El Salvador, este año no se publicó la Política Presupuestaria 2022; hasta la fecha su contenido sigue oculto, lo que además de incumplir la Constitución y las leyes, viola el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos salvadoreños. En este comunicado las organizaciones firmantes de este comunicado presentan 3 demandas al respecto.

Ante las alarmantes señales y acciones en contra de la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas desde la llegada del actual Presidente de El Salvador, las organizaciones firmantes manifiestan, en el presente documento, a la comunidad nacional e internacional, que rechazan los ataques contra la prensa, particularmente contra medios que realizan periodismo de investigación; asimismo, condenan la actitud de resistencia a la rendición de cuentas, la contraloría social y al acceso a la información. Al respecto, hacen llamados urgentes al Presidente de El Salvador, Ministro de Hacienda, Fiscal General, Procurador de los Derechos Humanos, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Relator Especial de Libertad de Expresión y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Organizaciones de la sociedad civil se expresan, en este comunicado, ante los ataques en contra del coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional en El Salvador, así como contra otros defensores de derechos humanos, periodistas y otros ciudadanos.

Las organizaciones de la sociedad civil, firmantes de este comunicado, se manifiestan ante el asalto a la separación de poderes mediante ilegítimas destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República de El Salvador por parte de 64 diputados de la Asamblea Legislativa, en el mismo día de su toma de posesión.